Antes de desarrollar cualquier análisis sobre empresas públicas en Uruguay, debemos partir de la base que no todas las empresas son iguales, de hecho, no todas son empresas y la falta de cultura en ese sentido, es decir, en no verlas como tales, conspira con su desempeño. Por supuesto que no son lo mismo Ancap que el Banco Hipotecario, el Correo que Antel. Esta distinción no es menor, para no caer en generalizaciones que no nos permitan visualizar como corresponde el funcionamiento estatal. Sin embargo, el diseño institucional sí debería tener los mismos rasgos.
Competencia en toda su extensión imaginable
Debemos hacer competir a las empresas públicas. No utilizarlas para ajustes fiscales encubiertos. Vía monopolios, se le mete la mano en el bolsillo al pueblo para sacarle más dinero, para financiar un Estado que tiene los números en rojo.
¿Qué pasaría si pudiéramos elegir a qué compañía contratar para proveernos de energía eléctrica? Seguramente pagaríamos la energía mucho más barata de lo que lo hacemos hoy.
Lo mismo ocurre con el combustible. ¿Cómo se sostiene que países cercanos, como Chile por ejemplo, desde octubre haya aplicado una rebaja constante en ese rubro y nosotros a la inversa? Porque se deben tapar los agujeros de las desastrosas gestiones del Frente Amplio en el ente petrolero.
Toda actividad industrial o comercial del Estado que no de ganancias y que no cumpla un fin social, debe ser dejada sin efecto. No puede ser los contribuyentes quienes soporten actividades que dan pérdidas.
Controles cruzados
¿A qué hacemos referencia con diseño institucional? Sobre todo a los controles. Controles cruzados. A los controles republicanos habituales (Tribunal de Cuentas, Auditoría Interna de la Nación, auditorías externas, auditorías internas de los propios organismos, Control Parlamentario), hay que sumarle otro tipo de controles externos de un regulador con reales potestades de sanción. Tal como ocurre en el sistema financiero. No es por casualidad que los organismos financieros supervisados por la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central, a pesar de los errores que esta comete, tengan prolijidad en sus cuentas y no caen en problemas de gestión y financiamiento como otras empresas que no están sometidas a ese tipo de contralor.
Para ello una revisión y profundización de los poderes que tienen actualmente la URSEA y la URSEC son imprescindibles en ese sentido.
Compliance
Hoy el mundo está yendo hacia la política del Compliance. No nos gusta utilizar anglicismos, pero su traducción no refleja todo lo que implica, puesto que es mucho más que tener un oficial de Cumplimiento.
Además de los controles mencionados, todas las empresas y administraciones públicas deben tener y aplicar las reglas del Compliance. Hay que hacer controles y auditorías de gestión permanentes, para poner líneas de defensa en la administración, no sólo para cumplir con la normativa de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, sino para conocer en qué se gasta cada peso, en cómo se mitigan los riesgos, en quiénes son los proveedores de las empresas, y muy importante, con quiénes se asocian nuestras empresas públicas.
Propiedad de las empresas
Cuando hablamos de diseño institucional, también debemos establecer cómo se sustancia la propiedad de las empresas y su forma de toma de decisiones.
Se dice popularmente que la propiedad de las empresas públicas es de todos los uruguayos. Pero ¿cómo se ejerce esa propiedad?
Hay diversas modelos a seguir. Puede ser a través de un grupo (holding) de empresas públicas, por ejemplo. Pero ese grupo también puede representarse de múltiples formas.
Nuestra propuesta sostiene que ese grupo que es el que marca los objetivos generales de las empresas, debe ser una oficina especializada del gobierno que debe responder diariamente al Senado de la República, que es quien da su venia para la integración de las empresas públicas. Ese grupo, sustentado en las mayorías parlamentarias que se construyan debe rendir cuentas permanentemente y hacerle rendir las mismas a todos los directorios de las empresas públicas. De este modo habrá un doble control republicano sobre las empresas. El Senado controlará la planificación del grupo y la ejecución de la misma por parte de los directores políticos de las empresas. Así se acabará que cualquier aventurero quiera marcar el rumbo de la empresa pública y luego sea el pueblo quien pague por las pérdidas ocasionadas.
Selección de la Alta Gerencia de las empresas
También el diseño tiene que ver con la forma de selección de la Alta Gerencia. La designación de esos cargos debe ser por concurso, sin lugar a dudas, pero dicho concurso no deberían hacerlo los mismos organismos que demandan la función. Debería ser la Oficina Nacional de Servicio Civil, a través de sus oficinas, como la vieja Escuela de Funcionarios Públicos, quien debe llevar adelante los concursos pudiéndose presentar cualquier ciudadano que reúna los requisitos, aún los funcionarios públicos de cualquier organismo.
Esa transversalidad en la función pública, enriquecerá al organismo de destino, pues la visión externa del ganador del concurso será de gran aporte para el mismo.
La dirección política profesional de las empresas públicas
Las empresas públicas tienen que tener una conducción política, avalada por el sistema de partidos políticos representados en el Senado de la República, que guíe los destinos estratégicos de las mismas.
El punto neurálgico es cómo se las gestiona a las empresas públicas. Por ello, políticos en el mando estratégico con visión profesional; Alta Gerencia especializada y designada por concurso, y controles cruzados ya mencionados, son la clave para que no se tome a las empresas públicas como botín personal.
Es necesaria una planificación estratégica que emane de una reflexión que haya sido lo más abarcativa posible, incluyendo a todos los componentes de la organización.
Esa planificación tendrá que trazar la estrategia en función de los objetivos delineados por el Grupo de Empresas Públicas (Holding).
Luego se incorporarán los indicadores de gestión, que irán midiendo el cumplimiento de los lineamientos estratégicos y, por ende, de los objetivos.
Incorporación de la tecnología
Otro aspecto fundamental es la aplicación de la tecnología a las empresas. Nos referimos no solamente a la mejora de procesos y su reingeniería, sino fundamentalmente a la viabilidad de las mismas, nada más y nada menos. Obviamente que dependerá de la especificidad de cada empresa. Es un tema de largo análisis, pero a modo de ir desarrollando el asunto, podemos plantearnos algunas preguntas disparadoras: ¿hasta cuándo se sostendrá tener el monopolio de los combustibles, cuando es inminente la irrupción de los autos eléctricos? ¿10 años, 15? ¿hasta cuándo se sostendrá la UTE, cuando podamos disponer en nuestro hogar, a bajo precio, baterías de almacenamiento de energía solar? ¿Hasta cuándo se sostendrá el BSE, cuando podamos asegurar nuestra vida y nuestros bienes desde el celular con cualquier compañía en cualquier lugar del mundo?
He ahí tres ejemplos, los hay muchos más.
¿Qué están haciendo las empresas públicas para no perderse en ese futuro que es hoy?
El Grupo de Empresas Públicas (Holding) deberá desarrollar, junto a la dirección de las empresas públicas, los estudios prospectivos correspondientes para anticiparse a los acontecimientos probables que pudieran darse en las mismas.
Sociedades Anónimas Estatales
Las empresas privadas de propiedad estatal, que fueron creadas para darle mayor dinamismo a ciertos sectores del dominio comercial e industrial del Estado, se han vuelto opacas en su funcionamiento.
Muchas de ellas han sido deficitarias y se han sustentado con el aporte estatal. Es lo que no debe ocurrir.
Del mismo modo, muchas han sido manejadas con una absoluta falta de transparencia. Amparándose en la calidad privada de la misma, se han negado reiteradas veces los pedidos de informes que se han presentado.
También han sido propicias para que algunas gerentes tengan sueldos obscenos que hasta superan el de presidente de la República.
La principal reforma que deben tener estas empresas es que deben ser transparentes. No pueden seguir ocultando su funcionamiento y deben rendir cuentas como cualquier otra empresa pública.
De ese modo vamos a poder enterarnos cómo se gestionan y controlarlas como corresponde.
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